El Gobierno rectifica y censará las propiedades inscritas por la Iglesia

Por • 6 junio 2017 • Sección: Instituciones


 

En una respuesta al PSOE el Ejecutivo se compromete por primera vez a hacer un listado de los bienes registrados por las diócesis entre 1998 y 2016

El Gobierno del PP nunca se había mostrado dispuesto a censar los bienes inmatriculados (inscritos en el registro por primera vez ) por la Iglesia Católica. Siempre había echado balones fuera alegando que no es su competencia sino de los registradores. Eso ha impedido que exista un listado de estas propiedades. Sólo hay estimaciones.

Ahora, en una respuesta por escrito al  Grupo Socialista en el Congreso, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el Ejecutivo cede y afirma que “desde el Ministerio de Justicia, de acuerdo con sus competencias, se están impulsando las actuaciones necesarias (…) en lo relativo a la elaboración de un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica”.  El Gobierno explica que, de esta forma,  tiende a dar cumplimiento a una  proposición no de ley del PSOE aprobada el pasado 4 de abril en el Congreso con los votos favorables de  todos los grupos excepto PP y Ciudadanos.

La Iglesia Católica vivió su particular boom inmobiliario a partir de 1998 cuando el Gobierno de Aznar cambió la ley hipotecaria franquista. La norma, que fue modificada de nuevo en 2015,  daba a la iglesia la categoría de autoridad pública ( su palabra bastaba para acreditar una propiedad)  y le permitió registrar templos o lugares de culto, como la Mezquita- Catedral de Córdoba,  por sólo 30 euros.

La elaboración de un listado de bienes inmatriculados permitirá saber cuántas propiedades ha registrado la Iglesia Católica a su nombre gracias a esa ley  y dónde están. “Es un paso muy importante para aclarar, de una vez por todas, el número de bienes que han sido inmatriculados por las diócesis para, posteriormente, hacer una labor de comprobación y ver si la Iglesia ha aportado todos los títulos de su propiedad o de su titularidad”, explica el diputado socialista Antonio Hurtado. “En el caso de que no los haya aportardo el afectado, ya sea un particular o la administración, podrá reclamar la titularidad”, añade.

Hurtado, que es diputado por Córdoba, insiste en que la finalidad de ese listado, que deberá estar finalizado en el plazo de 6 meses, es abrir la puerta a posibles reclamaciones. Por eso los socialista exigirán que sea público: “Lo que queremos es que se haga público, que no sea un trabajo que se quede exclusivamente en el ministerio de Justicia, sino que sea un listado y una información pública para que todas las instituciones que consideren que son bienes indebidamente inmatriculados puedan recurrir y puedan impugnar los asientos correspondientes y podamos avanzar en la recuperación de esos bienes“, señala.

En la respuesta al PSOE el Gobierno también advierte de que la única vía para reclamar un bien registrado es la judicial: “El Gobierno no puede relizar ninguna actuación pues los asientos del Registro de la Propiedad están bajo salvaguarda de los Tribunales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria). Cuestión distinta es que estos asientos pueden ser impugnados judicialmente”, dice literalmente el texto remitido por el Ejecutivo.

En 2016 el Tribunal Europeo condenó a España a pagar más de 600.000 euros a una empresa en Palencia que se vio afectada por una inmatriculación. En España los tribunales han rechazado hasta el momento los recursos presentados por  el Ayuntamiento de Córdoba reclamando la titularidad de la Mezquita – Catedral. Otros ayuntamientos, como el de Zaragoza, estudian también acudir a la vía judicial para reclamar la titularidad de templos.

Cadena SER, 06/06/2017


El Gobierno prepara la lista de bienes inscritos a nombre de la Iglesia solo desde 1998

Serán entre 30.000 y 40.000 en total, según afirmó recientemente un representante de la Conferencia Episcopal en la cadena SE

El Gobierno ha accedido a pedir y entregar el listado de todos los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre desde 1998, muchos de ellos sin acreditar su propiedad. Serán entre 30.000 y 40.000 en total, según afirmó recientemente un representante de la Conferencia Episcopal en la cadena SER. El Ejecutivo cumple así con una proposición no de ley presentada por el PSOE y aprobada en abril. Pero los obispos ya habían puesto a su nombre antes de 1998 decenas de iglesias, catedrales y otros templos, y lo hicieron a pesar de que la ley lo prohibía en estos casos.

Un reglamento franquista de 1947 permitía a los obispos inscribir en el registro de la propiedad cualquier bien sin necesidad de demostrar su propiedad, salvo con los templos destinados al culto. Por eso la fecha de 1998 representa un hito cuando se habla de inmatriculaciones, porque fue entonces cuando el Gobierno de Aznar permitió que también se inscribieran los templos sin necesidad de demostrar su propiedad. Por tanto, a partir de esa fecha era “legal”. Pero no antes, y muchos de los templos se inscribieron como propiedad de la Iglesia en los años ochenta, como han ido contando los medios de comunicación y como han conseguido averiguar algunos Ayuntamientos por su cuenta. En Zaragoza se han inscrito “de forma fraudulenta” varios de ellos, como la catedral Seo, en Jerez hasta 15 iglesias y 300 en Gipuzkoa. Todo ello ocurrió antes de 1998. “Ahora nos damos cuenta de que lo que hizo Aznar fue “legalizar una práctica fraudulenta que ya se venía practicando hacía años, se capitalizó a la Iglesia”, dice un portavoz de la Coordinadora Recuperando, que agrupa a varias asociaciones de toda España que luchan por el patrimonio público.

¿Por qué entonces se pone la fecha de 1998 para solicitar el listado? ¿Por qué no 1978, y así se ve cuántos templos se inscribieron en fraude de ley? En el PSOE dicen que esa fecha dio origen a un “auge” en las inmatriculaciones, sin embargo eluden referirse a la ampliación de privilegios de la reforma de Aznar. Lo mismo que hace el PP en su respuesta a las preguntas socialistas. “Nosotros lo que hemos defendido siempre es que cualquier bien de dominio público no puede ser inmatriculado”, dice Antonio Hurtado, diputado socialista. Cierto, algo que ocurrió antes y después de 1998.

El acceso franquista al registro

En 1998 el BOE publicaba la reforma de Aznar: “Se suprime por inconstitucional la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico…”. Lo que veían inconstitucional los legisladores era que el resto de las confesiones religiosas podían poner a su nombre sus templos pero los católicos no. Pero esa reforma no decía, ni lo dijo Aznar, que el resto de las confesiones sí tenían que acreditar la propiedad para hacer esas inscripciones mientras que los obispos no. Se corrigió, pues, un agravio pero se ahondó en una práctica más inconstitucional aún: el acceso al registro, que seguía siendo franquista para los obispos: bastaba su palabra para inscribir propiedades.

Los obispos han inscrito así —ya no pueden— miles de propiedades que nunca estuvieron registradas. Fincas, cementerios, frontones, casas rectorales, de maestros, atrios… Y también templos y plazas públicas, o la mezquita de Córdoba. Algunos tenían propiedad privada, otros titularidad pública y otros eran de dominio público, lo que no quiere decir que no sean de nadie, sino que son de todos.

Si hubo auge o no en las inmatriculaciones tras esta fecha, lo único que se conoce al respecto —todos los Gobiernos se han negado a facilitar ese listado— es lo que han podido arañar en los registros las organizaciones civiles por su cuenta en estos años. Y también tras iniciativas recientes de algunos Ayuntamientos como el de Zaragoza. Gracias a eso se ha conocido que la “rapacería” de la Iglesia, como la califica el PSOE, es anterior y posterior a 1998.

Para Hurtado la culpa no es tanto de la reforma de Aznar sino del Gobierno, que “no envió una circular a los registros para que unificaran su forma de aplicar la ley”. Y también acusa a los registradores de la propiedad si lo consintieron antes de esa fecha sin recibir documentación que acreditara la propiedad: “Una auténtica barbaridad si no aportaron títulos de propiedad”. Pues no los aportaron, pero el Gobierno no preguntará ahora por aquello.

Hurtado asegura que, en todo caso, los socialistas “también se interesarán por lo ocurrido antes de esa fecha”. Y niega rotundamente la sospecha de la Coordinadora Recuperando: “Parece que ha habido un acuerdo a la española, entre el PSOE, el PP y la Conferencia Episcopal para que haya una amnistía de todo lo inmatriculado anterior a 1998, que es mucho y gordo”, dice Jorge García, de la plataforma de Aragón.


Una solución global

Lo que también preocupa a la Coordinadora Recuperando es que este listado proporcionará la posibilidad de que cada uno de los afectados, Ayuntamientos o particulares, se vean en la necesidad de reclamar por separado en los tribunales.

Para Hurtado, sin embargo, la respuesta que da ahora el Gobierno “marca el camino” para que “cada particular” pueda recurrir “una o cien veces lo que considere que le ha sido usurpado”. Y entiende que las “instituciones se verán obligadas a reclamar lo que consideren que es suyo”. No será fácil. El Ayuntamiento de Zaragoza lo ha intentado en los tribunales, pero el obispado contraataca y pide medidas cautelares que le son concedidas. Pleitos tengas y los ganes.

Las organizaciones reclaman “una solución global para una práctica que se consumó amparada en una ley anticonstitucional”, repite Antonio Manuel Rodríguez, de la plataforma de Córdoba. Así lo confirmó una sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 2016 que califica de arbitrario el procedimiento de inmatriculación de la Iglesia y considera que viola el derecho de propiedad. Pero será difícil recuperar todo eso. Mucho más que obtener el famoso listado. Solo dos meses y una semana tardó el Gobierno en dar esos datos a Navarra cuando los reclamó el Parlamento foral en 2008.

El Pais,


 

La rectificación del Gobierno da la razón a los colectivos ciudadanos, que exigen el listado completo de bienes inmatriculados

La Coordinadora Recuperando pide que se hagan públicas todas las inmatriculaciones de la Iglesia y no solo desde la reforma de 1998

La jerarquía católica reconoció la inscripción de hasta 40.000 bienes, entre ellos la Mezquita Catedral, plazas públicas, cementerios, huertos y casas

7 de junio de 2017. La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando) considera una victoria de la ciudadanía la marcha atrás del Gobierno y su disposición a facilitar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica al amparo del inconstitucional artículo 206 de la Ley Hipotecaria, ya derogado desde 2015, que le confería el privilegio de inscribir inmuebles como si fueran funcionarios públicos.

La Coordinadora Recuperando, no obstante, espera que el listado que facilite el Gobierno incluya la totalidad de bienes y no solo los inscritos desde la reforma de Aznar de 1998, tal como indicó ayer de forma expresa la respuesta oficial. La Iglesia católica ha inmatriculado de manera irregular decenas de miles de inmuebles (40.000, según la propia Conferencia Episcopal) y en claro abuso de derecho, como así lo acaba de certificar el propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al calificar el procedimiento de “arbitrario” en la reciente sentencia de Ucieza y condenar al Estado español a la mayor indemnización de su historia.

No tiene sentido, por tanto, limitar el alcance del listado desde 1998 cuando, además, miles de inmuebles fueron inscritos por la Iglesia católica en fraude de ley antes de que la reforma de Aznar ampliara la inconstitucional prerrogativa a la inscripción de templos de culto, considerados hasta ese momento bienes de dominio público.

La Coordinadora Recuperando, que incluye a una veintena de colectivos ciudadanos de todo el país, exige además que la acción del Gobierno no se limite a hacer público el listado sino que busque fórmulas jurídicas y legislativas que permitan el cumplimiento efectivo de la sentencia de Estrasburgo y la reversión del patrimonio indebidamente apropiado. Así lo solicitó el colectivo ciudadano en dos iniciativas parlamentarias presentadas ante el Congreso de Diputados el pasado febrero. Recuperando pide una solución global al expolio practicado por la Iglesia, que evite la reclamación individual de los miles de bienes inmatriculados, lo que supondría un alto coste, un calvario judicial inadmisible y la indefensión ciudadana, ya reprobada por el Tribunal de Estrasburgo.

La Iglesia católica ha inmatriculado de forma irregular miles de bienes de toda índole, entre ellos, fincas, casas, plazas públicas, cementerios, huertos y un inmenso patrimonio cultural, cuyo símbolo más conocido es la Mezquita Catedral de Córdoba. La rectificación del Gobierno se ha producido gracias a la presión ciudadana y demuestra que su reiterada negativa a facilitar el listado se basaba en falsedades y pretextos que únicamente perseguían proteger los intereses de la jerarquía católica.

La marcha atrás se hizo pública ayer en respuesta a una proposición no de ley presentada en febrero por el PSOE y respaldada por la mayoría de grupos parlamentarios. En esa PNL se instaba al Gobierno a “reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material”. Ese mismo texto subrayaba que hasta la reforma de 1998 “los templos destinados al culto católico quedaban fuera del registro de la propiedad al considerarse bienes de dominio público (…), que no se adquieren por la posesión en el tiempo”.

La Coordinadora Recuperando ya solicitó en febrero pasado ante la Comisión de Peticiones del Congreso la creación de una comisión que estudie la aplicación de la sentencia de Estrasburgo, verifique los títulos de dominio presentados por la Iglesia católica y delimite cuáles han sido inscritos de forma incorrecta.

Coordinadora Recuperando


 

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