Diez años de trabajo por la recuperación del patrimonio

Por • 8 mayo 2017 • Sección: Escritos de la plataforma


Cuando a comienzos del año 2007 el escritor y editor tafallés José Mª Esparza buscaba documentación para un libro de historia local, descubrió que unos meses antes la Iglesia había registrado a su nombre la parroquia de Santa María de Tafalla. Tras el estupor inicial, se encontró que lo mismo había sucedido con San Pedro y con las iglesias de Artajona y Ujué. El Arzobispado llevaba años inmatriculando todo tipo de bienes y nadie se había enterado. Un grupo de personas se movió con rapidez y ese mismo año se constituyó la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro para intentar parar lo que se consideró un “escándalo monumental” sin parangón en Europa, como señala el presidente, Carlos Armendáriz. Diez años después, la Plataforma hace un balance positivo de su trabajo: “Se ha conseguido movilizar a todo el Estado y el asunto ha entrado en la agenda política y en la conciencia social”, resume Andrés Valentín.

¿Qué se esconde bajo el término inmatriculación? En la Plataforma no lo sabían pero se enteraron pronto. Inmatricular es inscribir por primera vez en un Registro de la Propiedad un bien que no esté registrado sin necesidad de demostrar con documentos la propiedad. El procedimiento estaba reservado al Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público, pero en 1946 el franquismo extendió la prerrogativa a la Iglesia Católica, de forma que un obispo se presentaba en el Registro de la Propiedad y podía inmatricular un bien simplemente dando fe de que lo había venido usando desde siempre. No obstante, había una salvedad: la ley franquista no permitía inmatricular los lugares de culto católico, es decir, los templos. Sin embargo, el Gobierno de Aznar dio un paso más y eliminó está excepción en la modificación de la Ley Hipotecaria de 1998, lo que permitió a la Iglesia campar a sus anchas.

Aunque esta práctica está en evidente contradicción con la Constitución española, que proclama en su artículo 16.3 que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y deroga expresamente todas las disposiciones que se opongan a ella, el asunto jamás ha llegado al Tribunal Constitucional.

Y la guinda del pastel la puso el Gobierno de Rajoy en 2015, cuando suprimió esta potestad de la Iglesia, vigente desde 1946 y modificada en 1998, por “la desaparición de las circunstancias históricas a las que respondió su inclusión”. Para entonces las Diócesis habían registrado miles de bienes por lo que en la práctica ha supuesto una “amnistía registral”, según la Plataforma. Además, el Gobierno se ha negado reiteradamente a hacer pública la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia. Solo se conocen los 1.087 de Navarra y únicamente entre 1998 y 2007, aportados en 2008 por la Dirección General de Registros y del Notariado a petición del Parlamento foral. Recientemente se han conocido también 525 inmatriculaciones en la Comunidad Autónoma Vasca a través de los registradores, aunque se teme que la relación no esté completa. A pesar de las peticiones oficiales, nunca se han facilitado más datos. Sin embargo, en una reciente entrevista radiofónica, el gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, habló de entre 30.000 y 40.000 inmatriculaciones en el conjunto del Estado, de las que 26.000 serían parroquias.

Precisamente el conocimiento de las inmatriculaciones en Navarra convirtió a la comunidad en un caso único en el Estado. Con esos datos surgió el libro Escándalo monumental y comenzaron las concentraciones frente al Arzobispado. Durante años la Plataforma viajó sola en su empeño por recuperar el patrimonio público con un sólido respaldo municipal. A la primera asamblea acudieron 117 ayuntamientos y concejos y hoy son unos 200. “El apoyo de los ayuntamientos es muy importante porque nos han dado credibilidad; ellos nos han financiado, nosotros hemos puesto el trabajo y buena voluntad”, recalca Esparza.

Mientras la Iglesia callaba, la Plataforma trabajaba en el frente político, con comparecencias y requerimientos en el Parlamento de Navarra que corrieron distinta suerte. Paralelamente, el escándalo navarro se extendió como una mancha de aceite. El caso de la Mezquita de Córdoba, el más reciente de los templos inmatriculados en Zaragoza que ahora reclama el Ayuntamiento aragonés y otros a lo largo de toda la Península acabaron llevando el asunto al Congreso de los Diputados. El año pasado se constituyó en Pamplona la coordinadora Recuperando, formada por colectivos de todo el Estado. Ya han tenido varias reuniones con los grupos políticos estatales de izquierda y mañana lunes tendrán otra. Otro rayo de esperanza se ha abierto con la reciente sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo que condena al Estado español a indemnizar con 600.000 euros a la sociedad Ucieza, que compró un terreno con una ermita que ya había inmatriculado el obispo de Palencia. Estrasburgo afirma que la forma de proceder del Estado español ha sido “arbitraria”.

Patrimonio desprotegido
“La Iglesia dice que registra los bienes para protegerlos, pero el patrimonio navarro jamás ha estado tan desprotegido como ahora”, reflexiona Esparza. La Iglesia reconoce que no tiene dinero para mantenerlo y muchos edificios están en estado ruinoso. “Con que cincuenta ayuntamientos declararan expedientes de ruina, el Arzobispado hacía quiebra”, añade. La Plataforma sabe que están vendiendo parte de los bienes inmatriculados, aunque todavía no ha podido cuantificar la cifra. “Esto no le va a salir rentable a la Iglesia, a no ser que se dedique a vender, y de hecho están vendiendo casas, piedras, campanas…”, añade. “Estamos investigando”, tercia el presidente Armendáriz, pero los medios de la Plataforma son limitados. Un grupo de personas, muchas de ellas entradas en años, por lo que requieren la implicación de “gente joven”, demanda Valentín. El sábado pasado celebraron la asamblea anual en Burlada con nuevos retos para el próximo año. “Vamos a poner el acelerador”, advierte Esparza.

Miembros de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, junto a la Catedral de Pamplona. De izquierda a derecha: Julián Cenoz, Regino Ayesa, Andrés Valentín, Francisco Javier Berrade, Eguzkiñe Ayesa Andrés, Carlos Armendáriz, Miguel Ángel Lezáun, Mar

Miembros de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, junto a la Catedral de Pamplona. De izquierda a derecha: Julián Cenoz, Regino Ayesa, Andrés Valentín, Francisco Javier Berrade, Eguzkiñe Ayesa Andrés, Carlos Armendáriz, Miguel Ángel Lezáun, Marisol García, Joaquín Echeverria, Juan del Barrio, Antonio Salinas, Julio Urdín y José Mª Esparza.

Diario de Noticias, 7 de Mayo de 2017


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