El Parlamento insta al Gobierno a asumir la defensa jurídica del patrimonio inmatriculado por la Iglesia

El Pleno del Parlamento navarro ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “cumplir con la resolución aprobada por este mismo Pleno el día 15 de junio de 2012, en sus puntos 1 y 3”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo Foral a “recabar del Ministerio de Justicia todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en Navarra, desde 1946 hasta hoy”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplaza al Gobierno de Navarra a “solicitar a las Diócesis de Pamplona y Tudela que devuelvan los bienes inmatriculados. Y, caso de no ser así, a que procedan de uno en uno de forma pública y notoria, a fin de preservar los derechos que pudiesen ostentar terceros sobre dichos bienes”.

Asimismo, se conmina al Ejecutivo Foral a que, “mientras no se recuperen los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, toda política institucional referida a subvencionar el mantenimiento y conservación de esos bienes sea valorada y revisada en función de los intereses de los pueblos afectados, de la recuperación de dichos bienes y de la seguridad del patrimonio común navarro”.

Por otra parte, se llama al Gobierno de Navarra a “personarse en todos aquellos procedimientos judiciales iniciados a instancias de entidades locales de Navarra o cualesquiera legitimados, cuyo objeto sea la recuperación de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica”.

Además, se solicita al Ejecutivo que “informe sobre la cuantía y destino de todas las partidas institucionales que se han asignado al mantenimiento y reparación de todo tipo de bienes, muebles e inmuebles patrimoniales, ahora privatizados por las diócesis navarras desde 1979 hasta 2015”.

Por último, se insta a Gobierno de España a “iniciar los trámites para declarar la inconstitucionalidad de los artículos modificados (artículo 206 de la Ley Hipotecaria y artículo 5 del Reglamento Hipotecario), al objeto de evitar una amnistía registral y posibilitar la recuperación de lo inmatriculado”. En este epígrafe el PSN ha sumado sus votos en contra a los de UPN y PPN. El resto ha mantenido su apoyo.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por los G.P Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E muestra su “estupor” por los 1.087 bienes inmuebles que las Diócesis de Pamplona y Tudela inmatricularon entre los años 1998 y 2007 y, a ese respecto, advierte sobre el impacto de la Ley aprobada durante el primer gobierno de Aznar, dado que el 78% de las inmatriculaciones realizadas en Navarra durante ese período se corresponden con lugares de culto, algo “excluido incluso durante la dictadura franquista”.

Los proponentes entienden que la “aconfesionalidad” consagrada en la Constitución choca con un “trato de favor continuado” en materiales tales como “el pago de impuestos o la recepción de ingresos públicos”, un “escándalo monumental” que ha derivado en “hurto de patrimonio material e inmaterial por parte de una institución que hace gala de una falsa austeridad”.

A su juicio, esta situación, “reprobable por diversas consideraciones sociales, jurídicas y éticas”, más aún en el caso de bienes que, “como los templos, han sido en muchos casos levantados y mantenidos por los habitantes del respectivo pueblo o ciudad”, obliga al Parlamento a “posicionarse y adoptar las resoluciones oportunas a fin de procurar la recuperación de dichos bienes”.

En ese sentido, se recuerda que el 14 de junio de 2012 el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a realizar un inventario del patrimonio total afectado por las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia católica, a asumir la defensa jurídica de dicho patrimonio y a promover la declaración de inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Y, ya más recientemente, se apunta que el conjunto de la propuesta presentada por la Plataforma de defensa del Patrimonio navarro en la sesión de trabajo celebrada el pasado 13 de enero en el seno de la Comisión de Presidencia “fue acogida favorablemente por todos los grupos parlamentarios que tomaron parte en la misma”.