Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro Nafarroako Ondarearen Defentsarako plataforma
El PSOE propone quitar poder y bienes a la Iglesia si gana las elecciones
El programa socialista incluirá una revisión de los acuerdos con la Iglesia católica
El texto base del programa de Pedro Sánchez, en el apartado de laicidad, aborda el siempre delicado asunto de las relaciones con la Iglesia Católica. Si llega al Gobierno “revisará los acuerdos de España con la Santa Sede”, compromiso que ya figuraba con el anterior candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, de imposible cumplimiento al perder las elecciones. En todo este largo epígrafe se desprende el objetivo de eliminar privilegios a la Iglesia católica desde la perspectiva económica. Se alude al resto de las iglesias pero, en puridad, el trato desde el Estado a la católica, absolutamente mayoritaria en España, es de gran deferencia.
“Avanzaremos en la autofinanciación de las confesiones religiosas y estableceremos una fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no están afectos a uso de culto”, dice el borrador. Actualmente la Iglesia no paga impuestos por los templos donde ejerce el culto, pero tampoco por los inmuebles que no están dedicados a ese uso. La polémica por la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) tiene años de antigüedad, y ningún Gobierno lo abordó; tampoco el del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Ahora Pedro Sánchez abre el debate, muy demandado en su partido, sobre las relaciones con la Iglesia en un Estado aconfesional como es España constitucionalmente.
Además de la exigencia del pago de impuestos, el PSOE aborda otro asunto pendiente en el que no ha tenido una actitud siempre lineal. “Reclamaremos la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, si no hay un título material que lo justifique”.
Se trata de revertir la “apropiación masiva de la Iglesia Católica sobre bienes públicos”, según denunció el PSOE el pasado año. La Iglesia ha tenido la capacidad de poner a su nombre edificios, locales, tierras y templos sin necesidad de demostrar los títulos de propiedad de los mismos. Eso ha sido factible durante muchos años en virtud de la Ley Hipotecaria de 1946 que no exigía a la Iglesia ningún título acreditativo. El PSOE fue criticado en octubre de 2014 por Izquierda Unida y por las plataformas ciudadanas que le pedían acudiera al Tribunal Constitucional para denunciar esta situación, lo que no hizo.
Un cambio en la Ley Hipotecaria impedirá que la Iglesia siga con esa práctica, pero del pasado nada dice. Esta es la razón por la que Pedro Sánchez va “a reclamar” a la Iglesia los bienes cuya propiedad no pueda demostrar.
Otro debate nunca zanjado en el PSOE ha sido sobre el papel de la Iglesia en los llamados funerales de Estado. “Elaboraremos un protocolo para organizar actos de Estado de carácter civil”, se lee en el borrador del programa. No va más lejos, pero el fondo está en si es razonable en un Estado aconfesional que el homenaje a españoles muertos por accidentes, actos militares o catástrofes, tengan que hacerse con una misa de rito católico.
El PSOE pide al Gobierno recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia
Reclaman a los obispos documentos que acrediten la titularidad de los templos
El partido socialista ha pedido al Gobierno mediante una proposición no de ley registrada hoy mismo en el Congreso, que reclame la titularidad de edificios, templos y otros bienes que la Iglesia ha registrado a su nombre desde 1998 cuando los obispos no hayan aportado para ello documentos que demuestren que les pertenecían. También pide el PSOE que el Gobierno exija como propios aquellos que eran de dominio público, bien porque estuvieran catalogados como tales o porque “históricamente gozaran de esa presunción o tratamiento”.En este último apartado estaría la Mezquita de Córdoba, por ejemplo, que la Iglesia puso a su nombre hace unos años. La proposición registrada por los socialistas en el Congreso insta a elaborar un inventario donde se recojan todos estos bienes y proceder a recuperar la titularidad pública de cada uno cuando no haya documentos que demuestren lo contrario. La proposición concede un plazo de seis meses “improrrogable” para elaborar este listado de inmatriculaciones.
El diputado socialista Juan Moscoso ha explicado que el objetivo de esta proposición es insistir en que “la Iglesia debe devolver los bienes que se ha apropiado con oscurantismo y de forma fraudulenta. Seguimos buscando la fórmula para que esto sea así, porque creemos que este expolio es reversible”. Los socialistas ya presentaron una enmienda en su día en este mismo sentido, que no fue admitida. La reforma de la ley hipotecaria, que despoja a los obispos de estos privilegios aún no ha acabado su trámite.
Los obispos gozan de un tratamiento similar al de un funcionario gracias a la ley hipotecaria de 1946 y eso les permite inmatricular, es decir, registrar como suyos todo tipo de edificios que nunca antes hayan tenido una titularidad. Les basta con ir y decir que esa propiedad les pertenece, no tienen que demostrarlo con documentos. De esa manera se han inmatriculado miles de viviendas, fincas rústicas, fuentes, quioscos, frontones y, desde 1998 también templos, gracias a una reforma de la ley que hizo el Gobierno de José María Aznar.
La Mezquita de Córdoba figura ahora a su nombre, la Giralda de Sevilla o la catedral de Pamplona entre otros muchos monumentos. Para las plataformas que han reclamado a la Iglesia que devuelva al patrimonio público “todo lo usurpado durante estos años” esta proposición socialista no es más que un gesto, pero “en todo caso, un gesto en la buena dirección”, dijo Carmen Urriza, la abogada de la plataforma ciudadana de Navarra.
“Es notable que se aclare que se pueda reclamar también los templos que figuran como dominio público o aquellos a los que se le presume tal condición por el uso y la costumbre de mucho tiempo atrás”, añade Urriza. Los plazos previstos en la proposición no de ley presentada son cortos, para entonces ya se habrán convocado elecciones generales, probablemente a finales de noviembre, y habrá otro Congreso y otro Gobierno. Con la actual mayoría absoluta del PP, en todo caso, poco se podría hacer ahora a este respecto.
La plataforma de la Mezquita, la navarra, Europa Laica y Redes Cristianas, las cuatro organizaciones más movilizadas en este asunto, han agradecido el gesto socialista, que «defiende el patrimonio público usurpado por la jerarquía católica», pero les sorprende que si aprecian inconstitucionalidad no recurran al tribunal correspondiente.
A pesar de ello, creen que es conveniente que el inventario de bienes inmatriculados que se reclama abarque no desde 1998, sino desde 1978, cuando entró en vigor la Constitución. «Hemos denunciado muchas inmatriculaciones de bienes públicos que se realizaron con anterioridad a 1998, de la gravedad de la Seo de Zaragoza o la plaza de la Fuensanta en Córdoba. En ambos casos y similares, la Iglesia ocultó que se trataba de templos, en un evidente fraude de ley y abuso de derecho, porque de haberlo dicho no podría haberlos inmatriculado», señalan. «En el caso de Zaragoza, a la catedral la llamaron ‘monumento’ y en el caso del Pocito, en Córdoba, la iglesia y la plaza pública se registraron como ‘otras dependencias’. Casos tan flagrantes como estos demuestran que, aunque la voracidad inmobiliaria se desató a partir de las reforma de Aznar, la Iglesia ya utilizó esta vía para apropiarse de infinidad de bienes obrando con demostrada mala fe». añaden.
El PSOE, preparado para recurrir las inmatriculaciones de la Iglesia
Ciudadanos: perderán parte de ese patrimonio si el Constitucional avala la ley hipotecaria
El Partido Socialista de Pedro Sánchez ya tiene los argumentos jurídicos para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la potestad de los obispos de poner a su nombre viviendas, casas, tierras e iglesias sin demostrar que son los propietarios de todo ello. Se trata de impedir que la jerarquía católica siga utilizando esta capacidad que le otorga la ley hipotecaria de 1946 y abrir vías para que los ciudadanos y los miles de Ayuntamientos afectados puedan reclamar el patrimonio histórico artístico con mayor respaldo legal. Pero el PSOE está estudiando aún la conveniencia de presentar ese recurso ante el Constitucional. Unos opinan que todo tiene que estar bien amarrado para que sea admitido a trámite y no haya tropezones políticos. Otros creen que el partido debe jugársela aunque se pierda.
Antes de dejar el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ya presentó la reforma del artículo de la polémica, el 206 de la ley hipotecaria de 1946, pero no mencionaba en ningún momento las prácticas de la Iglesia amparadas en esta norma, ni la declaraba inconstitucional. Además, concedía un año más a los obispados para seguir actuando de igual modo, porque hasta entonces no quedaría derogado el artículo. Las plataformas ciudadanas más activas para recuperar lo que consideran un patrimonio “usurpado al pueblo durante años”, la de Navarra y la de Córdoba, con la mezquita como principal símbolo de toda esta polémica, temen que de aprobarse la reforma presentada por el PP se consolide lo que llaman “amnistía registral”, es decir, que todo lo registrado por los obispos sin aportar documentos de propiedad y, en muchos casos, ante el desconocimiento de la gente, quede así para siempre.
Urge, dicen, presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero el único partido proclive a esta petición que podría hacerlo pos su número de diputados, el PSOE, está dudoso. “Estamos de acuerdo con las plataformas para hacer todo lo posible para llevar esto al Constitucional, pero hemos manejado informes jurídicos y creemos que hay dudas razonables. Queremos hacerlo de tal manera que nos garantice el éxito de la operación”, dice el diputado Juan Moscoso. “Estamos en plazo, no es una decisión política, sino jurídica y queremos verlo con mucha seriedad, no tenemos clara la vía jurídica para abordar esto”, añade.
El Parlamento andaluz, con mayoría de izquierdas entre socialistas e IU, ya hizo una declaración política en la que se manifestaba en contra de esta práctica de las inmatriculaciones (poner a nombre de uno lo que nunca tuvo dueño) pero en ningún momento se hablaba de recurso ante el Constitucional de forma meridiana. Además, la mesa de portavoces aclaró después que ya no cabía recurso porque la ley orgánica de creación del propio tribunal estableció en 1979 un plazo de tres meses para proponer conflictos constitucionales de leyes anteriores a su creación. Eso concluía en 1980.
Para las plataformas de Córdoba y de Navarra esto no tiene sentido, porque aunque no se recurrió en aquel momento, la inconstitucionalidad de ese artículo de la ley hipotecaria y del 304 de su reglamento, es sobrevenida, es decir, la inconstitucionalidad estaba latente pero sin efectos, pero a partir de 1998, cuando el Gobierno de Aznar concedió a los obispos la posibilidad de poner templos a su nombre (lo único que tenían vetado) se produjo un resurgir notable de estas inmatriculaciones. Solo en Navarra registraron en el periodo 1998-2007, hasta 1087 bienes de toda índole (monumentos, catedrales, terrenos, casas parroquiales, ermitas, arbolados, cementerios, viviendas, solares, cocheras). “Somos conscientes que lo mismo ha ocurrido en el resto del Estado. Ha llegado a tal extremo la voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica que algunos de los bienes inmatriculados por este procedimiento inconstitucional son plazas públicas (como la Triunfo de San Rafael o de la Fuensanta en Córdoba), o monumentos de la trascendencia patrimonial y simbólica de la Giralda de Sevilla o la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio Mundial de la Unesco”, argumentan las plataformas.
El secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, entiende que es difícil el recurso, pero señala uno que se interpuso pasado ese plazo de tres meses mencionado, que tenía por objeto la ley de bases de régimen local. El Supremo falló en 1998. Algunos juristas apelan a una sentencia, la 340 de 1993 en la que el alto tribunal declaró inconstitucional el artículo 76.1 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 por hacer una equiparación parecida de los obispos con el Estado, las provincias, los municipios y las corporaciones de derecho público, o sea, lo mismo que ocurre en la ley hipotecaria, que los obispos equivalen a fedatarios públicos y no han de demostrar con documentos la propiedad de los bienes inmuebles, como se le exige a cualquier ciudadano para ponerlos a su nombre.
Lo que no está del todo claro es qué pasará si el TC declarara finalmente inconstitucional este artículo. De inmediato no serían nulas todas las actuaciones consumadas hasta la fecha. “Habría que pleitear uno a uno o en bloque los bienes inmatriculados, que no pasarían directamente a los Ayuntamientos, pero en esos pleitos también se le exigiría a la Iglesia que aporte sus documentos de propiedad”, dice el socialista Durán.
“En todo caso, si el nuevo ministro [de Justicia, Rafael Catalá] no frena la reforma de Gallardón, uan vez pasados 10 años desde la inmatriculación se entiende ya como bien privado y sobre muchas propiedades no podríamos recurrir. Eso cuando esos bienes no hayan sido vendidos, por ejemplo”, lamenta Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho de la Universidad de Córdoba y miembro de la Plataforma. Y a la mezquita, registrada por la Iglesia en 2006 se le está acabando el tiempo.
El antecedente navarro
De un día para otro, pequeños municipios navarros fueron descubriendo que lo que creían suyo, del pueblo, porque ellos lo habían construido y mantenido, tenía otro dueño: el obispo. Descubrían con estupor que la vía que abrió Aznar en 1998, para que pudieran poner a su nombre los templos estaba dando sus frutos sin que nadie se enterara, y se organizaron para parar y revertir este fenómeno, con intervenciones políticas que han conseguido, al menos, saber cuántos templos, viviendas, viñedos, frontones y demás, estaban a nombre de la Iglesia desde ese año: 1087.
Son datos en manos del ministro de Justicia, pero un Gobierno tras otro, socialistas y conservadores, no han facilitado esa cifra, tantas veces solicitada y que aún desconocen los ciudadanos. Navarra lo supo porque la petición partió de su parlamento. Pero todos estos movimiento de Navarra no lograron traer el conflicto a un primer plano o no tanto como el salto que ha dado la polémica cuando ha entrado en juego la mezquita de Córdoba, que se ha convertido en símbolo absoluto de las inmatriculaciones de la Iglesia por toda España. Con la mezquita, han pasado a nombre de la Iglesia la plaza del Pocito y la fuente de San Rafael, dos símbolos de la ciudad que siempre se consideraron públicos. “No hay corresponsal de prensa extranjera que no se haya llevado las manos a la cabeza”, dice Antonio Manuel Rodríguez, civilista y miembro de la plataforma Mezquita-catedral de Córdoba, patrimonio de tod@s. Porque ahora la mezquita se llama mezquita-catedral. A Rodríguez le han entrevistado en Le Monde, en Liberation y en el New York Times. “No lo entienden, porque en Francia esos monumentos los cuida el Estado y lo que recaudan lo recauda el Estado”, dice. Y la mezquita consigue 13 millones al año. “En dinero negro, porque ni se declara ni tributa”.
IU quiere pelear en el Constitucional “la apropiación de bienes de la Iglesia”
La formación pide el respaldo del PSOE contra la «amnistía» a miles de propiedades registradas, como la Mezquita de Córdoba
El Grupo Parlamentario de IU- LV- CA ha presentado este jueves una iniciativa en la Cámara andaluza con la que espera llegar a los tribunales. Ha pedido el apoyo del PSOE para elevar un recurso de inconstitucionalidad «contra la normativa que permite a la Iglesia apropiarse de bienes como la Mezquita Catedral de Córdoba«. La diputada de IU, Alba Doblas, se suma al llamamiento «urgente» que hacen distintas plataformas ciudadanas que consideran que el cambio de la Ley Hipotecaria «legalizaría» miles de propiedades puestas a nombre de los obispos.
Las plataformas Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de tod@s y la de Defensa del Patrimonio Navarro reclamaron esta semana el apoyo a los partidos políticos de la oposición para evitar una «amnistía registral» de los bienes inscritos por la Iglesia en las últimas décadas. Consideran que en la futura Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria, en fase de alegaciones hasta el próximo 16 de septiembre, está en juego el patrimonio «usurpado por la Iglesia católica mediante dos normas predemocráticas e inconstitucionales».
Desde 1946, la Iglesia dispone de privilegios para poner a su nombre cualquier edificio, almacén, garaje u otro inmueble sin necesidad de un documento que demuestre que es propietaria. Basta con que un sacerdote se acerque al Registro de la Propiedad para inmatricular (inscribir por primera vez) un inmueble, como ocurrió con la Mezquita o la Giralda de Sevilla. El artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 equipara a la Iglesia Católica con una Administración pública, y el 304 de su Reglamento, a los diocesanos con fedatarios públicos.
El gobierno de José María Aznar amplió esa potestad en 1998 a los templos de culto. No existe una cifra oficial de cuántos edificios han pasado a manos de la Iglesia con esta fórmula, ya que el Gobierno nunca ha facilitado esa información. Desde 1998, solo en Navarra, la Iglesia puso a su nombre 1.087 inmuebles. Fuentes cercanas al Registro de la Propiedad señalaron en 2013 a EL PAÍS que ronda las 4.500 en España.
El proyecto de Reforma de la Ley Hipotecaria que está ahora en fase de alegaciones omite las referencias a la Iglesia Católica y retira a los obispos la potestad de inmatricular propiedades. Pero el cambio afectaría solo a las futuros inmuebles, no a las que ya están a su nombre. La previsión es que esta normativa se apruebe incluyendo además una moratoria de un año.
“Si la ley entra en vigor se producirá una amnistía registral”, señala Carmen Urría, letrada de la plataforma navarra. Las asociaciones manifiestan en un comunicado que “pese a que la Constitución Española establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, la Iglesia “se ha constituido en una potente inmobiliaria a costa de los bienes que nos pertenecen a todas, amparándose en dos normas predemocráticas”.
Ambas plataformas consideran “responsabilidad de los partidos políticos impedir esta amnistía registral” y piden que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra las dos normativas actuales antes de que queden sin efecto. Para que prospere ese recurso es necesario el apoyo de 50 diputados o 50 senadores o que lo presente un parlamento regional, como ha pedido Izquierda Unida en el caso de la Cámara andaluza.
El PSOE, por su parte, está estudiando si plantea o no un recurso. «Compartimos las preocupaciones de las plataformas y nos parece inaceptable la amnistía», señala el diputado navarro Juan Moscoso, que indica que su partido se pronunciará sobre este asunto «en los próximos días»
Rivera dice sentirse cómodo con las relaciones Iglesia-Estado “salvo por algún privilegio concreto”
- Se plantea eliminar el privilegio de no pagar el IBI o revisar determinadas «cuestiones de patrimonio que no han sido resueltas»
- Asegura que no hay un problema con el modelo vigente que lleve a los ciudadanos a quejarse de que «hay un abuso por parte de la Iglesia»
Ciudadanos no revisará, en términos generales, los acuerdos que regulan la relación del Estado con el Vaticano y se limitará a plantear algún ligero cambio. Así lo aseguró este lunes en rueda de prensa en líder de la formación, Albert Rivera, quien dijo sentirse «bastante cómodo» con el modelo que rige las relaciones del Estado con la Iglesia católica «salvo por algún privilegio económico concreto». Según Rivera, actualmente no hay un problema con el modelo vigente que lleve a los ciudadanos a quejarse de que «les faltan libertades» o de que «hay un abuso por parte de la Iglesia».
A preguntas de los periodistas se refirió de forma más precisa a la revisión de la fiscalidad con el objetivo de que la Iglesia pague impuestos por los edificios e inmuebles que no dedica al culto y a las inmatriculaciones, es decir, la inscripción a nombre del clero, y a coste prácticamente cero, de bienes no registrados previamente. En cualquier caso, dijo no ser partidario de «hacer aspavientos para luego no hacer nada», como hizo, en su opinión, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Así, señaló que el de un Estado aconfesional con una Constitución que reconoce que existe «una mayoría amplia de ciudadanos que tienen una confesión religiosa» –que, dijo, no es la suya– le parece «un buen formato». No obstante, señaló que para garantizar «la igualdad de todos» ve necesario «revisar algunos privilegios» de la Iglesia, como la exención del pago del IBI o determinadas «cuestiones de patrimonio que no han sido resueltas».
Los autores y asociaciones laicistas, citados por el investigador Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea, calculan en entre 2.500 y 3.000 los millones que la Iglesia española pagaría al Estado si, como ha aprobado Italia, no estuviera exenta del IBI. La Fundació Ferrer i Guàrdia, en su Anuario de la laicidad 2012, rebaja esta cifra hasta los 900 millones de euros anuales.