Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro Nafarroako Ondarearen Defentsarako plataforma
«Tal vez sea el mayor expolio que ha sufrido Navarra», definió Pascual Larunbe, de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, la inmatriculación que la Iglesia ha realizado de multitud de bienes inmuebles de diferentes localidades navarras. Cincuenta ayuntamientos han firmado por el momento una moción en defensa de su patrimonio que el sábado, a las 10.30 horas, se explicará en la Casa de Cultura de Burlada en la tercera asamblea municipalista organizada por municipios adscritos a esta plataforma. Ayer, en la Casa de Cultura de Villava, varios miembros de la iniciativa en calidad de representantes municipales hicieron un llamamiento para acudir a la sesión.
Unai Lako, alcalde de Aoiz y actual presidente de la comisión de alcaldes, animó ayer en rueda de prensa a interesados y representantes «de todos los municipios de Navarra a venir y participar en la Asamblea de Municipios convocada para el sábado 6 de abril». En esta, se explicará una moción que la Plataforma ha enviado a todos los municipios que, por ahora, ha sido aprobada por 50 ayuntamientos. Asimismo, el sábado se renovará la comisión de alcaldes. Esta moción gira en torno a cinco puntos en los que se pide al Gobierno de Navarra que ofrezca a los pueblos «información jurídica e histórica sobre el origen y los derechos de su patrimonio público» y un «informe sobre las inversiones realizadas con dinero público en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio por la Iglesia Católica». En la moción, además, se solicita a las localidades navarras que remitan un impreso con el listado de inmuebles que figuran a nombre del arzobispado y que presenten «estado de ruina total o parcialmente».
Iniciativa popular La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro surgió en Tafalla en mayo de 2007 por iniciativa popular, después de que un concejal de la localidad fuera a registrar una serie de propiedades para constatar que eran públicas y descubrió que tales bienes se encontraban inmatriculados por la Iglesia. En esos momentos revelaron que el arzobispado de Pamplona había registrado al menos 1.087 bienes de diferentes pueblos navarros, acogiéndose a una ley de 1946 que le permite (aún hoy) realizarlo con bienes previamente no registrados. Esta Ley Hipotecaria (art. 206 y 207) se reforzó con Aznar en 1998, quien suprimió el artículo 5 del Reglamento Hipotecario que impedía el registro de lugares de culto.
Este sábado se celebrará una asamblea municipalista a las 10.30 horas, en la casa de Cultura de Burlada.
Diario de Noticias, 04/04/2013
Exigen al Gobierno navarro que apoye a los pueblos frente a la Iglesia católica
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro celebrará el sábado en Burlata una asamblea de alcaldes y concejales en la que reclamarán al Gobierno navarro que apoye a los entes locales que luchan para recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica.
La Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, integrada por unos 150 ayuntamientos y concejos, celebrará el sábado en la Casa de Cultura de Burlata una asamblea en la que reclamarán al Gobierno navarro que se ofrezca a los pueblos información jurídica e histórica sobre el origen y los derechos de su patrimonio público y que muestre su apoyo a los entes locales que intentan recuperar los bienes públicos inmatriculados en beneficio propio por la Iglesia católica.
Representantes de la plataforma comparecieron ayer en Atarrabia y recordaron que la Iglesia católica «acogiéndose a una vía privilegiada y con un coste irrisorio» ha inmatriculado numerosos bienes que pertenecen a los pueblos, «siguiendo un procedimiento que no conlleva publicidad alguna, sin conocimiento de la población en general ni de sus representantes públicos».
«La Diócesis se ha atrincherado tras un muro de silencio, mientras sigue vendiendo, alquilando, cobrando entradas y disponiendo de los bienes que ha inmatriculado a su nombre. Además, en muchos casos los ha abandonado hasta situaciones de ruina, a la espera de que sean los fondos públicos y los vecinos quienes los arreglen para disponer luego de ellos y patrimonializarlos a su antojo», añadieron. Al mismo tiempo, subrayaron que el retorno a la propiedad pública es la única vía para garantizar el mantenimiento de estos bienes, muchos de ellos de gran valor histórico, así como su disfrute por parte de la población. Pusieron como ejemplo Nafarroa Beherea, donde estos edificios son públicos.
Por ello, reclaman al Gobierno navarro que informe sobre las inversiones realizadas con dinero público en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica, especificando el porcentaje que han aportado el Estado, el propio Gobierno navarro y los entes locales. «Los navarros tienen el derecho a conocer hasta qué punto siguen financiando y manteniendo, casi en su totalidad, los bienes privatizados por la Iglesia», destacaron.
Los integrantes de la plataforma recordaron que en junio de 2o12, el Parlamento navarro instó al Gobierno foral a hacer un inventario del patrimonio afectado por las inmatriculaciones de la Iglesia católica y pidió la derogación de la ley que permite esta práctica.
Gara, 04/04/2013