Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro Nafarroako Ondarearen Defentsarako plataforma
Los Ayuntamientos promotores de la Asamblea se dirigen a los Ayuntamientos y Concejos de Navarra…
Los Ayuntamientos de Aoiz-Agoitz, Berriozar, Leotz, Lerga, Sangüesa-Zangotza, Araitz, Baztan, Altsasu, Arronitz, Aranguren, Otsagabia, Villava-Atarrabia, Leitza, Etxaleku, Irurtzun y Lodosa, como miembros de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, nos dirigimos a todos los Ayuntamientos y Concejos de Navarra para dar un paso más en esta legislatura, con el fin de conseguir la invalidez de las inmatriculaciones realizadas por el Arzobispado en Navarra mediante el uso abusivo de la Ley Hipotecaria y por el reconocimiento de la titularidad de ese patrimonio histórico a los pueblos de Navarra.
Breve historia de esta iniciativa municipalista:
En mayo del año 2007, por iniciativa popular, se crea la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, al descubrirse, por pura casualidad, la inscripción en el Registro de la Propiedad, por parte del Arzobispado de Pamplona de, al menos, 1087 bienes de los pueblos navarros, acogiéndose a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria, a raíz sobre todo de la supresión en 1998, por el Gobierno de Aznar, del artículo 5 del Reglamento Hipotecario que impedía el registro de los lugares de culto. Prácticamente todos los pueblos de Navarra se vieron sorprendidos por la inmatriculación de bienes : iglesias parroquiales, ermitas, atrios, casas parroquiales, fincas rústicas y urbanas, arbolados, cementerios, etc..
La Iglesia católica acogiéndose a una vía privilegiada y con un coste irrisorio, (20-30 euros cada uno) había inmatriculado numerosos bienes que pertenecen a los pueblos, siguiendo un procedimiento que no conlleva publicidad alguna, sin conocimiento de la población en general, ni de sus representantes públicos. El artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 concede a la Iglesia el privilegio (así lo califican algunas sentencias) de inscribir bienes directamente en el Registro de la Propiedad mediante la propia certificación del Diocesano. Este artículo está bajo sospecha de inconstitucionalidad, tras algunas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo basadas en algo lógico: la Ley Hipotecaria fue aprobada en 1946 en pleno estado confesional franquista. De ahí las generosas prerrogativas para la inscripción que concede a la Iglesia católica. Establecida con la Constitución Española de 1978 la no confesionalidad del Estado, es más que cuestionable que la Ley Hipotecaria continúe otorgando al Diocesano tareas de funcionario público, con el fin de practicar la inscripción de bienes a su propio nombre
Primera Asamblea de Ayuntamientos y Concejos:
Estallado lo que se calificó como un “escándalo monumental”, un grupo de Ayuntamientos, encabezados por el de Huarte/Uharte, constituyó una “Comisión de Ayuntamientos” que en coordinación con la Plataforma, convocó el 15.XII.2007 en Burlada la primera Asamblea de Ayuntamientos y Concejos de Navarra, a la que se adhirieron en un principio 117 entidades municipales. Según lo acordado en la Asamblea de Burlada, dicha Comisión solicitó una primera comparecencia parlamentaria, pidiendo la relación de todo lo inmatriculado, asesoría jurídico-histórica, solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la Ley Hipotecaria y otras demandas que en general no fueron atendidas, salvo la relación de lo inmatriculado desde 1.998.
Sin embargo, la respuesta popular y municipalista consiguió un gran eco y fueron varios los Ayuntamientos que procedieron a inscribir a nombre del pueblo las propiedades proclives a ser inmatriculadas por la Diócesis; en casi todos los lugares se tomó conciencia de la necesidad de proteger y recuperar los citados bienes.
Segunda Asamblea de Ayuntamientos y Concejos:
Antes de acabar la anterior legislatura, la Comisión de Ayuntamientos convocó una segunda Asamblea el 27 de junio de 2010 en Burlada. En ella se acordó volver a pedir al Parlamento de Navarra información de lo inmatriculado por la Diócesis desde 1946; que el Parlamento solicitase la derogación de los privilegios de la Iglesia establecidos en el art. 206 de la Ley Hipotecaria; que instase a la Diócesis a que dejara los bienes en la situación en que estaban anteriormente, etc. La mayoría de estas peticiones quedaron sin atender.
La batalla legal, institucional y la de la opinión pública:
Todos somos conscientes de las dificultades legales y económicas que tiene cada pueblo para pleitear en solitario por la recuperación de los bienes que considera del pueblo. La Ley Hipotecaria privilegia a la Iglesia para inmatricular bienes, y los costes que supone su anulación difícilmente pueden ser asumidos por los Entes locales, máxime en la difícil situación económica en que se encuentran. Por eso, es necesaria la colaboración del Gobierno de Navarra en el apoyo a los pueblos. A pesar de todo, ha habido localidades que han recurrido a los tribunales y algunas han obtenido resultados muy satisfactorios para los vecinos.
La batalla de la opinión pública ha sido uno de los mayores logros de estos años. El asunto ha trascendido al Estado, a otras Comunidades autónomas y los grandes medios de comunicación se han hecho eco de las demandas navarras, que han sido pioneras para el resto de autonomías. En general, han dejado en evidencia la irregularidad del procedimiento inmatriculador y han dado la razón a los pueblos afectados. Nuestras demandas se han tratado ya en el Senado español y la mayoría de los grupos políticos (PSOE, IU, Entesa Catalana…) han incluido el tema en sus agendas políticas.
El Parlamento navarro en sesión de 14 de junio de 2012, trató el tema de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia y acordó instar al Gobierno de Navarra a realizar un inventario del patrimonio total afectado por las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia católica, solicitar la derogación del art. 206 de la Ley Hipotecaria que permite a la Iglesia el privilegio de la inmatriculación sin tener en cuenta la obligada separación Iglesia-Estado y otros extremos. (Boletín del Parlamento de 25 de junio de 2012 y Diario de sesiones del Parlamento de 14 de junio de 2012: Páginas 75 a 83).
La Situación Actual:
En la actualidad, son ya alrededor de 150 Ayuntamientos y Concejos los que han mostrado su adhesión a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
La situación puede resumirse en una mayor alarma social que ha hecho que en todo el Estado se vaya tomando conciencia de la gravedad del asunto y en algunas victorias parciales, conseguidas por la presión popular y por algunas sentencias judiciales. Sin embargo, la Diócesis se ha atrincherado tras un muro de silencio, mientras sigue vendiendo, alquilando, cobrando entradas y disponiendo de los bienes que ha inmatriculado a su nombre. Además, en muchos casos abandonándolos hasta situaciones de ruina, a la espera de que sean los fondos públicos y los vecinos (Gobierno de Navarra, Ayuntamientos, Concejos, auzolanes, etc.) quienes los arreglen para disponer luego de ellos y patrimonializarlos a su antojo.
La Iglesia es incapaz de mantener en pie todos los bienes que ha inmatriculado y es lógico que los pueblos se muestren cada día más reticentes a mantenerlos mientras no se resuelva el tema de su propiedad. Sólo volviendo a ser propiedad pública podremos garantizar que siga en pie y abierto al público todo el enorme patrimonio de Navarra, tal y como ocurre, por ejemplo, en la Baja Navarra.
En virtud de cuanto antecede, SE PROPONE:
1º.- Que desde el Gobierno de Navarra se ofrezca a los pueblos de Navarra información jurídica e histórica sobre el origen y los derechos de su patrimonio público y que se apoye a los Ayuntamientos y Concejos que intenten recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica.
2º.- Que el Gobierno de Navarra informe sobre las inversiones realizadas con dinero público en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio navarro inmatriculado por la Iglesia católica, especificando el porcentaje que suponen las aportaciones públicas desde Gobierno de Navarra, Estado y Entes locales con respecto al costo total. Los navarros y navarras tienen derecho a conocer hasta qué punto siguen financiando y manteniendo, casi en su totalidad, los bienes privatizados por la Iglesia
3º.-Cumplimentar el impreso correspondiente relativo a “Relación de inmuebles que figuran a nombre de la Iglesia católica y que presentan aparentemente estado de ruina total o parcialmente”.
4º.- Designar una representación de esta Corporación para acudir a la Asamblea de Alcaldes y Concejales de los Ayuntamientos y Concejos navarros, convocada para el Sábado día 6 de abril de 2013, a las 10,30 horas en el Auditorio de Burlada para tratar el tema conjuntamente.
5º.- Dar traslado de este acuerdo a la Plataforma para la defensa del patrimonio navarro.
Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro
Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma