El Parlamento aprueba que la Iglesia pague la contribución territorial urbana a los ayuntamientos

Por • 28 febrero 2013 • Sección: Instituciones, Portada

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado el proyecto de ley de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, que recoge, a través de enmienda de PSN y Izquierda-Ezkerra, que la Iglesia católica y demás confesiones religiosas paguen a los ayuntamientos la contribución territorial urbana. Si bien el proyecto de ley ha sido aprobado por unanimidad, el punto referente a la Iglesia ha recibido el voto en contra de UPN y PPN.

La ley priva de la exención de dicho impuesto a los “bienes inmuebles de la iglesia católica y de las asociaciones no católicas que no estén destinados al culto”.

– Luz verde al proyecto de modificación de ley foral de Haciendas Locales de Navarra

También en el capítulo del proyecto relativo a la contribución territorial urbana, la ley declara no sujetas a dicho impuesto las carreteras, caminos y bienes de dominio público hidráulico que sean de aprovechamiento público y gratuito.

Quedan exentas de esta dispensa aquellas infraestructuras explotadas a través del denominado peaje en la sombra porque lo contrario, “excepcionar a un agente concreto, singular y definido”, sería “fraude de ley”, según esgrime Aralar-Nabai, titular de la iniciativa que permitió corregir vía enmienda el proyecto de Ley del Gobierno, únicamente avalado en ese punto por UPN y PPN.

En ese ámbito, se prevé la creación de una ponencia de Valoración Supramunicipal, con el fin de determinar la cuantía del impuesto a abonar por las concesionarias de las autovías sometidas al peaje en la sombra.

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras ha sido también objeto de discusión, en este caso para precisar, tomando como referencia los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo, el alcance de la base imponible. La ley precisa que el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra comprende el coste de ejecución material, incluidos “todos los elementos que figuren en el proyecto y carezcan de singularidad o identidad propia”.

En lo que a la gestión de dicho tributo se refiere, la norma puntualiza los criterios de liquidación, de tal manera que “los índices o módulos sólo deben entrar en juego cuando no haya presupuesto y la ordenanza fiscal así lo prevea”.

En el terreno de las liquidaciones tributarias, la ley determina que los censos de contribuyentes se confeccionarán, por diferentes, sin perjuicio de los registros administrativos establecidos para la gestión de determinados tributos (Impuesto sobre Actividades Económicos y Contribución Territorial).

En ese contexto, se advierte que también serán deudas sin notificación las que, además de censos de contribuyentes, deriven de “registros” ya conocidos por los sujetos pasivos. LABOR SOCIAL

En el turno de los grupos, el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha manifestado que “la Iglesia tiene firmado un tratado internacional con el Gobierno de España que tiene plena vigencia y que establece condiciones y, de acuerdo con el Convenio Económico, es de obligado cumplimiento en Navarra”. “Hay grupos que prefieren introducir esto aunque suponga un conflicto de competencias”, ha lamentado, para valorar que “la Iglesia hace labor social que está fuera de toda duda y no es de recibo que se le quiera apretar las tuercas”.

La socialista Maite Esporrín ha indicado que este proyecto de ley “tiene cuestiones muy buenas”. Sobre la Iglesia, ha manifestado que reconocen la labor que realiza, “lo que no quita para que tengan obligaciones como todos” y ha querido precisar que la contribución “no afecta a los lugares de culto”.

Desde las filas de Bildu, Víctor Rubio ha indicado que lo “ideológico es que todos paguemos lo mismo” y ha defendido una enmienda de su grupo, que ha resultado rechazada, para que “no haya viviendas vacías mientras haya familias que no tengan donde vivir; que esas viviendas sean destinadas a vivienda social”. “Si hay voluntad, se podría saber qué viviendas están vacías”, ha añadido.

Xabi Lasa, de Aralar-NaBai, ha indicado que “está en juego la economía de los ayuntamientos, lo que requiere un debate en profundidad”. Ha reprochado al portavoz de UPN que haga “populismo barato” sobre el pago de la contribución por parte de la Iglesia porque “hablamos de que las propiedades de la Iglesia que no están abiertas al culto ni al público hagan lo mismo que el resto”.

Por su parte, Eloy Villanueva, del PPN, ha valorado que se haya adaptado esta norma pero ha augurado “dificultades serias en aplicación de determinados puntos”. “Hay más elementos positivos que negativos en este proyecto pero con algunos estamos en desacuerdo”, ha dicho, para considerar “improcedente” que se “traigan la cuestiones religiosa” en este tema cuando “la Iglesia ya paga impuestos en aquellos bienes que no están sujetos a los tratados internacionales y en este tema puede haber multitud de recursos”.

El parlamentario de I-E Txema Mauleón ha defendido que “los impuestos los tienen que pagar todos y en igualdad” y ha dicho que “con esto no vamos a llevar a la ruina a la Iglesia”. Ha recordado que en 2012 la Iglesia recibió del Estado 5.700 millones, “de los que 91 fueron a parar a Cáritas y Manos Unidas”. “Todos tenemos que hacer esfuerzos para que no haya recortes en los servicios públicos”, ha dicho.

Diario de Noticias, 28/02/2013

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